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COMPRA DE LA PLAZA DE TOROS PODRÍA ANULARSE POR LITIGIO ENTRE PARTICULARES

ENTREVISTAS

26 may 2026

EL predio fue comprado durante la gestión de la exalcaldesa Araceli Beltrán Contreras con el objetivo de convertirlo en un complejo de seguridad.

La compra de la Plaza de Toros de Ixmiquilpan, efectuada por la administración pasada, podría quedar sin efecto y perderse definitivamente. La validez de esta adquisición pública depende por completo de un juicio civil que enfrentan particulares en los tribunales por la legítima propiedad del inmueble.


Este predio fue comprado durante la gestión de la exalcaldesa Araceli Beltrán Contreras con el objetivo de convertirlo en un complejo de seguridad. Los planes originales contemplaban albergar ahí la Secretaría de Seguridad Pública local, el Centro de Comando y Control C2 y la Dirección de Tránsito Municipal.


El actual presidente municipal, Emanuel Hernández Pascual, reveló que el ayuntamiento fue formalmente demandado debido a esta controversia. El edil precisó que la continuidad del proyecto de seguridad pública queda sujeta a las sentencias definitivas que emitan los magistrados encargados.


Hernández Pascual aclaró que, aunque este pleito legal no es responsabilidad directa de su administración, pues recibieron  toda la documentación del inmueble durante la entrega-recepción, deben atenderlo como ayuntamiento. Advirtió que, si el gobierno anterior omitió revisar a fondo la situación jurídica del predio, podrían iniciarse los procedimientos por responsabilidad administrativa.


“Ya se ha iniciado un proceso donde hay tres involucrados, entre ellos el ayuntamiento, aunque no es un tema de responsabilidad nuestra; cuando se realizó la entrega recepción, recibimos la documentación de la plaza de toros, si la gestión anterior no realizó la revisión correspondiente, ya es un tema de responsabilidad administrativa”.


Finalmente, el alcalde señaló que, si los tribunales ordenan regresar la Plaza de Toros a los particulares, el municipio exigirá la devolución del dinero público pagado. Recalco que los procedimientos de compraventa que se realizaron en la anterior gestión fueron correctos; el tema es la controversia entre los particulares.

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