ESTATAL
29 jun 2026
Para evadir el debate, los munícipes señalaron que aún no reciben una notificación física en la presidencia y calificaron de irresponsable que se aborden estos temas, por publicaciones en redes .
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó de forma reciente diversos artículos de las leyes de ingresos de ocho municipios de Hidalgo, incluido Actopan, por aplicar cobros indebidos en copias certificadas, constancias y digitalización de documentos.
La histórica resolución judicial responde a la acción de inconstitucionalidad 29/2026, promovida por la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra. Sin embargo, la alcaldesa Imelda Cuéllar Cano y los integrantes de la asamblea municipal exhibieron un total desconocimiento sobre el contenido de este importante expediente federal.
La máxima autoridad judicial del país determinó que los cobros aprobados en Acatlán, Acaxochitlán, Actopan, Agua Blanca de Iturbide, Ajacuba, Alfajayucan, Almoloya y Apan violan las garantías de los contribuyentes.
A pesar del impacto directo a las arcas locales, los miembros del ayuntamiento de Actopan no se han dado a la tarea de revisar el documento de la sentencia. Esta omisión de sus responsabilidades constitucionales deja al gobierno municipal en un vacío operativo respecto a las tarifas que legalmente ya no pueden cobrar a los ciudadanos.
La controversia estalló en el cabildo cuando la regidora Patricia Alamilla Chavarría puso el tema sobre la mesa y consideró urgente analizar el fallo de la SCJN. No obstante, la alcaldesa Imelda Cuéllar Cano, junto a los asambleístas Carlos Garnica Lugo y Blanca Sánchez Calderón, minimizó la situación de manera tajante.
El bloque oficialista justificó su postura argumentando que no se pueden debatir en sesiones formales problemáticas que, según su criterio, solo surgen y se difunden a través de las redes sociales.
Con esta actitud, los regidores evidenciaron que no han dedicado tiempo a estudiar los expedientes que se encuentran disponibles para todo el público en las páginas de la Suprema Corte y de la CNDH. Para evadir el debate, los munícipes señalaron que aún no reciben una notificación física en la presidencia y calificaron de irresponsable que se aborden estos temas. El grupo en el poder concluyó que este tipo de discusiones solo generan controversia innecesaria y dejan mal parado al ayuntamiento ante la población.