ESTATAL
7 oct 2026
• La LXVI Legislatura modificó una norma vigente desde 1920 para agilizar la gestión administrativa en los 84 municipios, manteniendo candados en patrimonio y deuda pública.
Con esta reforma impulsada por el diputado Miguel Ángel Moreno Zamora, las quejas de regidores de municipios como Huichapan, Nopala, Progreso, Tula entre otros, quedarán sin efecto, pues ahora los alcaldes podrán realizar sus convenios sin tomar en cuenta al cabildo como ya los han venido haciendo.
Una de las principales quejas de los regidores de diferentes fracciones incluidos de Morena, de los municipios antes citado, es la falta de transparencia, sobre todo en los convenios o contratos que se realizan donde se favorece a familiares o conocidos, en alguno otro casos a empresas de los mismos alcaldes.
Con 23 votos a favor y 6 en contra, el Congreso del Estado de Hidalgo aprobó la reforma a la fracción XV del artículo 141 de la Constitución Política local, esta modificación elimina el requisito de que los presidentes municipales deban solicitar autorización previa al Ayuntamiento para suscribir convenios e instrumentos contractuales de interés público con instituciones oficiales o particulares.
La iniciativa, impulsada por el diputado Miguel Ángel Moreno Zamora, busca modernizar el marco normativo de los 84 municipios tras 105 años de vigencia. El legislador defendió que la medida elimina barreras burocráticas y agiliza la prestación de servicios, ya que la legislación anterior no contemplaba distinciones por monto ni por objeto en los trámites administrativos cotidianos.
Pese al respaldo mayoritario, la propuesta generó debate en el pleno y registró los votos en contra de la legisladora morenista Tania Meza Escorza, así como de las bancadas del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Quienes se opusieron argumentaron preocupación por el equilibrio de poderes, mientras que los defensores sostuvieron que el trabajo colegiado municipal no sufrirá afectaciones en sus funciones operativas.
Asimismo, la LXVI Legislatura precisó que se mantienen controles constitucionales estrictos para salvaguardar la Hacienda Pública local. Los alcaldes aún requerirán la aprobación de las dos terceras partes del Cabildo para la desincorporación o enajenación de bienes inmuebles, así como para la contratación de deuda pública que trascienda el periodo de la administración saliente.